El Riesgo Electoral que Crece Antes del 2027
Puerto Vallarta vuelve a entrar en terreno político adelantado. A casi un año de que arranquen formalmente los tiempos electorales rumbo al proceso municipal de 2027, la presencia propagandística de algunos actores políticos ya comenzó a invadir espacios públicos, transporte urbano y plataformas de movilidad privada, generando cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña y violaciones a la equidad electoral.
Uno de los nombres que más comienza a sonar en este contexto es el de Carlos Castro, cuya imagen ha empezado a aparecer de manera constante en distintos puntos de la ciudad mediante estrategias de posicionamiento que para diversos sectores ciudadanos ya rebasan la simple promoción personal y entran en el terreno del proselitismo político adelantado.
La situación no es menor. La legislación electoral mexicana, así como las reglas internas de Morena y las disposiciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, establecen límites muy claros respecto a los tiempos en que los aspirantes pueden comenzar actividades de campaña o posicionamiento electoral.
Sin embargo, en Puerto Vallarta parece haberse abierto una competencia tempranera donde algunos grupos políticos buscan ganar presencia pública desde mucho antes del arranque oficial del proceso electoral.
Camiones urbanos con propaganda política, difusión visual en vehículos de plataformas digitales como Uber, promoción territorial constante y estrategias de presencia mediática comienzan a formar parte del paisaje cotidiano de la ciudad, mientras crece la percepción de que ciertos aspirantes buscan construir ventaja electoral fuera de los tiempos permitidos por la ley.
Especialistas en materia electoral recuerdan que los llamados “actos anticipados de campaña” no requieren necesariamente que un aspirante pida directamente el voto para configurarse como una infracción.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en diversos criterios que la autoridad puede analizar el contexto integral de la propaganda: la temporalidad, la intención de posicionamiento, el alcance mediático y el beneficio político obtenido.
Es decir, aunque un espectacular no diga “vota por mí”, si la estrategia tiene como finalidad posicionar electoralmente a una persona antes de los tiempos oficiales, sí puede ser considerada ilegal.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los actos anticipados de campaña son aquellas expresiones o acciones realizadas fuera de los periodos autorizados y que buscan obtener apoyo ciudadano o generar ventaja electoral.
Por su parte, el Código Electoral de Jalisco contempla sanciones para quienes vulneren la equidad de la contienda mediante propaganda indebida o promoción política fuera de tiempo.
En términos prácticos, esto significa que la colocación masiva de publicidad personalizada en espectaculares, transporte público, bardas, plataformas digitales o vehículos particulares podría derivar en procedimientos sancionadores si la autoridad considera que existe intención electoral anticipada.
El tema cobra especial relevancia en Puerto Vallarta debido a que la ciudad vive permanentemente bajo una intensa dinámica de exposición pública y turística, lo que convierte cualquier campaña visual en una poderosa herramienta de posicionamiento político.
No es casual que cada vez más aspirantes busquen utilizar espacios de alto impacto urbano para construir reconocimiento de nombre antes del inicio formal del proceso electoral.
Sin embargo, esta práctica también genera profundas desigualdades políticas.
Mientras algunos grupos con acceso a recursos económicos logran inundar la ciudad de propaganda personalizada, otros actores políticos quedan prácticamente invisibilizados, rompiendo el principio democrático de competencia equitativa que la ley electoral intenta proteger.
Dentro de Morena, el tema resulta todavía más delicado.
El partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido públicamente discursos contra las campañas anticipadas, el derroche propagandístico y la promoción personalizada, argumentando que esos viejos vicios pertenecían al modelo político tradicional.
No obstante, en distintas regiones del país, incluyendo Jalisco, han surgido constantes señalamientos contra aspirantes morenistas que presuntamente comenzaron procesos de posicionamiento mucho antes de los tiempos legales.
Puerto Vallarta no parece ser la excepción.
La presencia cada vez más visible de Carlos Castro en espacios urbanos ya comienza a generar cuestionamientos ciudadanos sobre el origen de los recursos utilizados, la legalidad de la propaganda y el posible uso de estructuras políticas para construir una precampaña disfrazada.
Hasta ahora no existe resolución oficial alguna en su contra. Sin embargo, cualquier ciudadano, partido político o actor social puede presentar denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco o ante el INE para solicitar investigaciones y medidas cautelares.
Las consecuencias podrían ir desde el retiro de propaganda y sanciones económicas hasta afectaciones futuras al registro de candidaturas si la autoridad determina que existieron actos anticipados de campaña.
El problema de fondo, advierten analistas políticos locales, no es solamente jurídico.
También se trata de una discusión ética sobre el uso del espacio público, el respeto a los tiempos democráticos y la manera en que el dinero comienza a marcar ventaja mucho antes de que el pueblo siquiera conozca oficialmente quiénes serán los candidatos.
Porque mientras Puerto Vallarta enfrenta problemas urgentes de seguridad, agua, vivienda, movilidad y crecimiento urbano descontrolado, la clase política parece haber iniciado otra vez la carrera por el poder antes de tiempo.
Y cuando las campañas comienzan demasiado pronto, la democracia corre el riesgo de convertirse en una competencia de propaganda permanente donde gana no necesariamente quien tenga las mejores propuestas, sino quien tenga más recursos para inundar la ciudad con su imagen.
