Cristian Granados.
Feminicidios, violencia y contradicciones golpean el discurso oficial en Puerto Vallarta
Mientras el discurso oficial del Ayuntamiento de Puerto Vallarta insiste en presentar estrategias, mesas de trabajo y programas institucionales para proteger a las mujeres, la realidad que viven muchas vallartenses parece contar otra historia: una ciudad marcada por el miedo, la violencia y la creciente percepción de inseguridad.
En los últimos meses, el gobierno encabezado por Luis Ernesto Munguía González ha difundido constantemente campañas sobre prevención de violencia de género, instalación de mesas interinstitucionales y programas de atención a mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, detrás de la narrativa institucional existe una pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre colectivos feministas, activistas y ciudadanos: ¿realmente está funcionando la estrategia de seguridad para las mujeres en Puerto Vallarta?
La instalación de la Mesa de Coordinación Estratégica Interinstitucional contra la Violencia de Género fue presentada como uno de los grandes compromisos del actual gobierno municipal. Ahí participaron autoridades estatales, municipales y organismos relacionados con la prevención de violencia feminicida.
En ese mismo acto, el alcalde presumió la entrega de una “Patrulla Rosa”, así como la adhesión del municipio a programas estatales enfocados en atención a mujeres víctimas de violencia.
Pero la crítica pública no ha disminuido. Por el contrario, muchos sectores consideran que las acciones anunciadas son más mediáticas que efectivas, especialmente cuando continúan registrándose hechos violentos contra mujeres en el municipio y la percepción de inseguridad sigue creciendo.
El tema se vuelve todavía más delicado debido a las controversias personales que han acompañado políticamente a Luis Munguía desde antes de asumir la presidencia municipal. Diversos señalamientos públicos y versiones difundidas en el ámbito político local han relacionado al alcalde con acusaciones de agresión hacia una expareja sentimental, además de escándalos personales derivados de presuntas infidelidades que generaron fuerte exposición mediática.
Aunque estos señalamientos no derivaron en una sentencia judicial pública, sí dejaron una profunda discusión ética y política dentro de Puerto Vallarta: ¿puede encabezar una estrategia de protección a las mujeres un personaje que arrastra acusaciones de violencia y conductas cuestionadas en su vida personal?
La contradicción golpea directamente la credibilidad del discurso institucional. Porque una estrategia de seguridad hacia las mujeres no solamente se mide por campañas publicitarias, patrullas pintadas de rosa o fotografías oficiales; se mide por resultados concretos, reducción de violencia y confianza ciudadana.
Puerto Vallarta además continúa formando parte de los municipios señalados dentro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Jalisco, problemática que desde hace años obliga a las autoridades a implementar medidas urgentes para enfrentar feminicidios, desapariciones, violencia familiar y agresiones sexuales.
El problema no es únicamente estadístico. También es social y cultural. Muchas mujeres vallartenses continúan denunciando miedo al caminar solas, poca capacidad de reacción policial, lentitud institucional y una sensación generalizada de impunidad.
Mientras tanto, el gobierno municipal insiste en difundir mensajes de compromiso, reuniones de coordinación y programas preventivos. Incluso recientemente se anunció el fortalecimiento de atención para mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, para numerosos ciudadanos, el contraste entre el discurso y la realidad es cada vez más evidente. La percepción pública comienza a construirse alrededor de una idea peligrosa para cualquier gobierno: que la administración municipal está más enfocada en controlar la narrativa política y mediática que en resolver de fondo la crisis de violencia contra las mujeres.
El fracaso de una estrategia de seguridad no siempre se refleja únicamente en cifras. A veces se manifiesta en algo todavía más grave: la pérdida de confianza ciudadana.
Y precisamente ahí parece encontrarse hoy el principal problema del gobierno de Luis Ernesto Munguía González. Porque cuando las mujeres dejan de sentirse protegidas, escuchadas o representadas por sus autoridades, cualquier campaña institucional termina convirtiéndose únicamente en propaganda.
Puerto Vallarta merece mucho más que discursos políticos. Merece resultados reales, justicia efectiva y autoridades cuya conducta pública y privada no contradiga los principios que dicen defender.
Cristian Granados.
