Mientras unos negocian candidaturas, Puerto Vallarta comienza a descubrir que el verdadero Poder está en su Conciencia.
Puerto Vallarta atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La preocupación ciudadana por la inseguridad, los casos de violencia contra las mujeres, las desapariciones y los constantes señalamientos sobre presuntos actos de corrupción forman parte de las conversaciones cotidianas en las colonias, en los mercados y en los espacios públicos. Mientras la ciudadanía espera soluciones, la impresión que prevalece es la de un gobierno municipal más ocupado en cuidar su futuro político que en resolver los problemas que afectan a las familias vallartenses.
En ese contexto han comenzado a difundirse versiones sobre un posible acercamiento entre el alcalde Luis Ernesto Munguía y José Luis Sánchez González, dirigente estatal del Partido del Trabajo, con miras a construir una alianza política para la elección municipal de 2027.
Sin embargo, conviene separar los hechos de las especulaciones. Morena ni siquiera ha iniciado su proceso interno para definir candidaturas municipales, por lo que presentar como un hecho consumado una alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo resulta, por ahora, más un ejercicio de propaganda política que de información. Una negociación entre dirigentes no significa que exista un acuerdo de las militancias ni mucho menos una decisión formal de los órganos internos de cada partido.
Más aún, muchos ciudadanos recuerdan que, tras la elección de 2024, numerosas personas que participaron en el proyecto político que llevó a Luis Ernesto Munguía a la Presidencia Municipal fueron separadas de la administración. También han existido críticas de actores identificados con Morena y el Partido del Trabajo que afirman haber sido excluidos del gobierno municipal. Por ello, resulta inevitable preguntar: ¿Con qué autoridad política se pretende construir una alianza cuando buena parte de quienes caminaron ese proyecto terminaron fuera del mismo?
Pero quizá el problema más profundo ni siquiera sea electoral.
Mientras se habla de futuras candidaturas, Puerto Vallarta continúa viviendo una realidad marcada por decisiones administrativas que generan cuestionamientos públicos. Un ejemplo es la creación de los llamados “gerentes municipales”, una figura que ha sido ampliamente debatida por diversos sectores debido a que no corresponde a un cargo previsto expresamente en la organización constitucional y legal del municipio en Jalisco. Lejos de aclarar las dudas ciudadanas sobre sus funciones, responsabilidades y resultados, el gobierno municipal ha permitido que el tema permanezca rodeado de opacidad y controversia.
A ello se suman los señalamientos públicos respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de algunos funcionarios vinculados con esas estructuras administrativas. Más allá de las responsabilidades individuales que correspondan a las autoridades competentes determinar, lo cierto es que estos casos alimentan una percepción de desigualdad: mientras al pequeño comerciante, al trabajador y al ciudadano común se le exige cumplir con cada obligación, la ciudadanía espera el mismo nivel de transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes administran los recursos públicos.
Ese es el verdadero problema de Puerto Vallarta.
No basta con cambiar de aliados políticos cuando permanece intacta una forma de gobernar que muchos ciudadanos consideran alejada de las necesidades populares.
La izquierda nació para combatir los privilegios, no para administrarlos. Nació para poner el poder al servicio del Pueblo, no para convertir los cargos públicos en espacios de negociación entre grupos políticos.
Por ello también resulta indispensable discutir el papel de cierta prensa local. Cuando algunos medios presentan rumores como si fueran decisiones definitivas, la ciudadanía termina recibiendo propaganda disfrazada de información. Una democracia sana necesita periodistas que investiguen, cuestionen y documenten los hechos, no medios que funcionen como oficinas de comunicación política de quienes gobiernan.
Las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer los derechos de las audiencias abren una oportunidad para exigir mayor responsabilidad informativa. Defender el derecho del Pueblo a recibir información veraz también es una forma de defender la democracia.
Puerto Vallarta merece mucho más que acuerdos entre dirigentes.
Merece un gobierno que rinda cuentas, que respete la inteligencia del Pueblo y que comprenda que la legitimidad no se construye mediante pactos de escritorio, sino resolviendo los problemas reales de la gente.
La elección de 2027 no debería decidirse en reuniones privadas ni en campañas mediáticas anticipadas.
Debería decidirse donde siempre ha residido la verdadera fuerza de la democracia: en la Conciencia Organizada del Pueblo.
