27 reformas constitucionales y 76 legales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vuelve a ser, en el discurso de la Cuarta Transformación, uno de los principales terrenos de disputa por el futuro del país. A dos años del inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejecutivo Federal reporta la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, orientadas —de acuerdo con la propia Presidenta— a recuperar el sentido social de la Carta Magna, fortalecer la soberanía nacional y ampliar los derechos de la población.
A dos años del inicio del actual gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación buscan recuperar soberanía, derechos sociales y rectoría del Estado frente al modelo neoliberal.
Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum afirmó que el conjunto de modificaciones representa un cambio profundo en la estructura jurídica del país y una ruptura con buena parte de las reformas impulsadas durante el periodo neoliberal.
“La Cuarta Transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales”, sostuvo.
Para la Presidenta, la transformación constitucional no se limita a modificar leyes, sino que implica redefinir la función del Estado frente a la sociedad. En ese sentido, señaló que durante décadas diversos cambios constitucionales orientaron derechos y recursos naturales bajo una lógica de mercado, favoreciendo procesos de privatización y reduciendo el alcance de las conquistas sociales.
Soberanía frente al modelo neoliberal
Uno de los principales ejes planteados por el Gobierno Federal es la recuperación de la rectoría del Estado sobre sectores considerados estratégicos para la nación.
Entre las reformas señaladas se encuentran las relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trenes de pasajeros, además de modificaciones en materia de recursos naturales, agua y soberanía alimentaria.
En este último ámbito, el Gobierno destaca la protección del maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico, mientras que en materia hídrica se plantea el reconocimiento del agua como un derecho humano y el combate al acaparamiento del recurso.
La agenda de soberanía también contempla medidas contra la intervención extranjera en asuntos políticos nacionales, incluyendo restricciones a la propaganda política de gobiernos extranjeros y disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera en los procesos electorales.
La premisa política es clara: recursos estratégicos, decisiones nacionales y derechos fundamentales no deben quedar subordinados exclusivamente a las dinámicas del mercado ni a intereses privados o extranjeros.
Una nueva concepción de democracia
Otro de los grandes capítulos de las reformas corresponde a la transformación del sistema democrático mexicano.
El Gobierno Federal destaca medidas contra el nepotismo y la reelección, el impulso a mecanismos de consulta popular y una política de austeridad republicana que contempla la sustitución de organismos considerados costosos para el Estado.
En este proceso se inscribe también la transformación del Poder Judicial, uno de los cambios institucionales más trascendentes impulsados durante este periodo.
La Presidenta defendió particularmente la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces mediante el voto popular, al considerar que con ello se incorpora directamente al pueblo en la definición de quienes integran uno de los poderes de la República.
El nuevo modelo contempla además un Tribunal de Disciplina Judicial, mecanismos de evaluación de juzgadores, reducción de tiempos procesales y modificaciones al régimen de suspensiones de amparo.
La reforma, sin embargo, representa mucho más que un cambio administrativo: plantea una discusión de fondo sobre quién debe tener la última palabra en la conformación de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Seguridad y combate a la impunidad
La transformación legal también alcanza al ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Entre los delitos que se busca combatir con mayor eficacia se encuentran la extorsión, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la utilización de facturas falsas y el feminicidio.
Para ello se plantea el fortalecimiento de instituciones como la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
Las reformas electorales incorporan además mecanismos destinados a impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, mientras que en materia de desaparición de personas se plantea fortalecer los registros y bases de datos, establecer alertas inmediatas y garantizar una participación más activa de las familias.
Este último punto resulta particularmente relevante ante la crisis de desapariciones que enfrenta México: la búsqueda de una persona deja de plantearse únicamente como una tarea administrativa y se coloca como una obligación institucional que requiere reacción inmediata.
Bienestar como derecho, no como privilegio
Uno de los cambios que el Gobierno Federal considera centrales es la incorporación de los Programas de Bienestar como derechos constitucionales.
La lógica es significativa: las políticas sociales dejan de depender exclusivamente de la voluntad de un gobierno en turno y adquieren un carácter de derecho reconocido constitucionalmente.
A esta agenda se suman reformas relacionadas con el trabajo digno, la reducción de la jornada laboral hacia las 40 horas semanales, la disminución de la brecha salarial, la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, la Ley Silla y la protección de las personas jornaleras agrícolas.
En materia de vivienda, el Gobierno plantea recuperar la capacidad de construcción del Infonavit y el Fovissste, así como ampliar las posibilidades de acceso a vivienda adecuada, renta, compra y remodelación.
El planteamiento general apunta hacia una concepción del desarrollo que el Gobierno denomina “Prosperidad Compartida”: crecimiento económico acompañado de derechos sociales y mejores condiciones de vida.
Mujeres, niñez y pueblos originarios llegan al centro constitucional
Otro de los aspectos destacados por Sheinbaum es la ampliación de derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas y afromexicanos.
Las reformas incorporan a la Constitución principios relacionados con la igualdad sustantiva de las mujeres, la protección frente a las violencias y la prevención, investigación y sanción del feminicidio.
Para niñas, niños y adolescentes se contemplan medidas contra la discriminación, el acoso escolar y las distintas formas de violencia en internet.
Pero uno de los cambios que la Presidenta considera históricamente relevantes es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
De acuerdo con Sheinbaum, este reconocimiento representa un momento inédito en la historia constitucional mexicana, al señalar que ni la Constitución de 1857 ni la de 1917 reconocieron plenamente estos derechos en los términos actuales.
Las comunidades indígenas y afromexicanas adquieren, bajo este nuevo marco, derechos relacionados con el ejercicio directo de recursos públicos y la consulta previa, libre e informada.
La disputa por el proyecto de nación
Más allá del número de reformas aprobadas, el debate planteado por el Gobierno Federal tiene una dimensión política de mayor alcance.
La discusión no se reduce a cuántas leyes han cambiado, sino a qué modelo de Estado pretende construir México para las próximas décadas.
La narrativa de la Cuarta Transformación sostiene que durante el periodo neoliberal la Constitución fue modificada progresivamente para favorecer la privatización de recursos y servicios, debilitando la rectoría estatal y reduciendo el alcance de derechos sociales.
El proyecto encabezado por Sheinbaum plantea el movimiento contrario: devolver al Estado capacidad de conducción económica, fortalecer los derechos sociales, reconocer a los pueblos originarios, ampliar la participación democrática y colocar nuevamente la soberanía como principio rector de las decisiones nacionales.
En palabras de la Presidenta, se trata de un “cambio profundo” que debe trascender a un sexenio y modificar las bases jurídicas sobre las que se construirá el México del futuro.
Mientras tanto, el Gobierno Federal prepara para la próxima semana la presentación del Paquete Económico 2027, acompañado de nuevas propuestas en materia económica, particularmente dirigidas al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y de la economía digital.
Así, la transformación constitucional y legal continúa avanzando sobre dos frentes: redefinir las reglas del Estado y, al mismo tiempo, construir las condiciones económicas y sociales para sostener el nuevo proyecto nacional.
Para la Cuarta Transformación, la Constitución vuelve a ser presentada como algo más que un conjunto de normas: es el instrumento jurídico desde el cual se pretende disputar el rumbo histórico de México.
