Presidenta Claudia Sheinbaum opina que el Pueblo no debe ver Tv Azteca debido a que difunden demasiadas noticias falsas, mentiras hechas con fines políticos y no informativos. La acusación de “censura” hacia la presidenta Claudia Sheinbaum aparece porque en las democracias modernas existe una sensibilidad muy fuerte respecto a cualquier declaración del poder político contra medios de comunicación. Cuando una mandataria critica públicamente a una televisora, algunos sectores interpretan eso como una presión indirecta. Sin embargo, jurídicamente y políticamente, expresar una opinión crítica no equivale automáticamente a censurar.
La censura ocurre cuando el Estado utiliza su poder para impedir la difusión de contenidos: cerrar medios, retirar concesiones arbitrariamente, perseguir periodistas, prohibir publicaciones, bloquear transmisiones o castigar legalmente opiniones incómodas. Decir “no vean ese canal porque miente” entra, en principio, dentro del terreno de la libertad de expresión de cualquier ciudadano, incluida una presidenta.
En este caso, quienes defienden a Claudia Sheinbaum argumentan justamente eso: que no está prohibiendo la existencia de TV Azteca ni cerrando sus espacios, sino respondiendo políticamente a una línea editorial que considera manipuladora o desinformativa.
Además, existe un contexto histórico importante. Mucha gente en México relaciona a TV Azteca con el periodo neoliberal de los años noventa, cuando el sistema político dominado por el PRI —y posteriormente por el llamado PRIAN— impulsó privatizaciones polémicas. La historia de la televisora está frecuentemente vinculada al proceso de privatización de Imevisión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, proceso del cual emergió el grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego. Desde sectores críticos se ha sostenido durante décadas que esa operación representó una concentración de poder mediático y económico favorecida desde el Estado.
También es verdad que figuras como Raúl Salinas de Gortari quedaron asociadas públicamente a escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y redes de poder de aquella época. Aunque no siempre existan pruebas judiciales directas que conecten cada acusación con la televisora, políticamente sí quedó instalada en parte de la sociedad mexicana la idea de que ciertos grandes medios crecieron al amparo del viejo régimen.
Por eso, desde la narrativa de la llamada Cuarta Transformación, la crítica hacia TV Azteca no se presenta como un ataque a la libertad de prensa, sino como una confrontación política contra grupos mediáticos considerados herederos del antiguo modelo de poder.
Ahora bien, para sostener una postura sólida conviene hacer una distinción importante: decir que un medio “miente” es una valoración política y subjetiva. Habrá ciudadanos que coincidan y otros que no. En democracia, ambas posiciones deben poder existir. Lo relevante es si el gobierno intenta silenciar por la fuerza al medio. Mientras la televisora siga transmitiendo libremente, criticando al gobierno y operando con normalidad, es difícil hablar técnicamente de censura estatal.
De hecho, algunos defensores de la presidenta argumentan que durante décadas ocurrió lo contrario: muchos gobiernos sí utilizaron mecanismos de presión económica y política para favorecer o castigar medios mediante publicidad oficial, concesiones y privilegios fiscales. Bajo esa lógica, responder públicamente a un consorcio mediático sería parte del debate democrático y no un acto autoritario.
También puede explicarse desde otro ángulo: la libertad de expresión no es exclusiva de los medios; los gobernantes también tienen derecho a responder, defenderse y emitir opiniones. Si un periodista o televisora puede criticar diariamente al gobierno, el gobierno también puede cuestionar la credibilidad de ese medio. La línea delicada aparece únicamente cuando existe coerción institucional.
La discusión real entonces no es solamente sobre libertad de expresión, sino sobre quién controla la narrativa pública en México y cómo se interpreta el papel histórico de los grandes medios de comunicación durante los gobiernos anteriores.
