La Nueva Batalla Energética de México.
En medio de un escenario internacional marcado por guerras comerciales, disputas energéticas y la creciente dependencia de los países periféricos hacia las grandes corporaciones del petróleo y el gas, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del sexenio: el nuevo Plan de Gasoductos para México. No se trata únicamente de tubos enterrados bajo tierra ni de cifras multimillonarias. Se trata, en términos políticos y geopolíticos, de una declaración abierta sobre el rumbo energético de la nación.
Desde Palacio Nacional, durante “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria fue clara al colocar el concepto de soberanía energética como eje central de esta estrategia. En tiempos donde muchas naciones han entregado sus recursos naturales al capital extranjero y donde la dependencia energética condiciona incluso decisiones diplomáticas, México busca ampliar sus capacidades internas de producción, transporte y distribución de energía.
La inversión anunciada asciende a 140 mil 905 millones de pesos hacia el año 2030. De esa cantidad, 101 mil 259 millones serán destinados a nueva infraestructura y 39 mil 646 millones al mantenimiento de la red nacional de ductos. En otras palabras: el Estado mexicano no sólo pretende expandirse, sino fortalecer y rehabilitar una estructura energética que durante décadas sufrió abandono, privatizaciones parciales y rezagos técnicos.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que actualmente México cuenta con más de 21 mil kilómetros de gasoductos. Una parte importante es operada por el Centro Nacional de Control del Gas Natural, otra por la Comisión Federal de Electricidad y el resto por Pemex y empresas privadas. Este dato no es menor. Revela la compleja arquitectura energética que hoy define al país: un sistema mixto donde conviven intereses públicos y privados en una disputa permanente por el control de los recursos estratégicos.
El nuevo plan contempla que la CFE reciba inversiones por 53 mil millones de pesos, mientras que el CENAGAS administrará cerca de 87 mil millones. El objetivo inmediato es garantizar el suministro de gas natural para las nuevas centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, además de abastecer los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar impulsados por el llamado Plan México.
Pero detrás del discurso técnico existe una realidad más profunda. El gas natural se ha convertido en el combustible de transición dentro del capitalismo contemporáneo. Aunque no es energía limpia, representa una alternativa menos contaminante frente al combustóleo y otros derivados altamente tóxicos. Por eso, el fortalecimiento de la infraestructura gasífera también forma parte de una estrategia industrial que busca sostener el crecimiento económico mientras México avanza —lentamente— hacia energías renovables.
La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que actualmente se construyen cuatro gasoductos estratégicos capaces de transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Entre ellos destacan Cuxtal II, Centauro del Norte y la reconfiguración de la ruta Guaymas-El Oro. Paralelamente, se proyectan nuevos ramales en el centro y sur del país que permitirán movilizar más de 2 mil 500 millones de pies cúbicos diarios adicionales.
El mapa energético comienza a redibujarse. Veracruz, Sonora, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco y la Península de Yucatán aparecen como puntos neurálgicos de una nueva infraestructura nacional que intenta responder al crecimiento industrial y a la demanda eléctrica del país.
Y es aquí donde surge una pregunta fundamental: ¿quién controlará la energía del futuro mexicano? Porque toda obra energética es también una obra política. Los ductos no sólo transportan gas; transportan poder económico, capacidad industrial y control territorial.
Durante décadas, el modelo neoliberal convirtió la energía en mercancía. Hoy, el discurso oficial intenta recuperar la noción de que la energía es un asunto de soberanía nacional. La diferencia entre ambas visiones es enorme. Una entiende los recursos como negocio privado; la otra los plantea como herramientas de desarrollo colectivo.
El director del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, anunció además tres nuevos gasoductos estratégicos: Coatzacoalcos II, Naco-Hermosillo-Guaymas y el Libramiento Reynosa. A esto se suman 41 proyectos de modernización, rehabilitación y mantenimiento operativo. La magnitud de la inversión confirma que el gobierno federal pretende construir una columna vertebral energética capaz de sostener el crecimiento económico durante las próximas décadas.
Además, las nuevas centrales eléctricas impulsadas por la CFE generarán alrededor de 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante su construcción. En un país golpeado históricamente por la precarización laboral y la dependencia económica regional, la infraestructura energética también aparece como una posibilidad de reactivación productiva.
Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. México continúa dependiendo en gran medida del gas importado desde Estados Unidos. Esa contradicción permanece viva incluso dentro del discurso soberanista. Tener más ductos no necesariamente significa independencia plena si el combustible sigue llegando del exterior. Ahí se encuentra uno de los grandes dilemas del nuevo proyecto energético nacional.
Aun así, lo ocurrido este 7 de mayo representa un movimiento político de gran relevancia. En tiempos donde muchos gobiernos reducen al Estado y entregan sectores estratégicos al mercado, México apuesta nuevamente por fortalecer su infraestructura pública energética. Y aunque el debate sobre el modelo ideal continuará abierto, una cosa parece clara: la batalla por la soberanía del siglo XXI también se libra bajo tierra, entre válvulas, centrales eléctricas y kilómetros de acero que buscan sostener el futuro energético de la nación.
